Intérpretes Judiciales Certificados vs. Cualificados: La perspectiva de los abogados hispanohablantes sobre los intérpretes judiciales de español en Carolina del Sur

Abstract

Diversas publicaciones ponen de manifiesto los riesgos de emplear intérpretes judiciales poco cualificados, pues pueden poner en peligro los derechos legales del acusado. Este tema se aborda en el presente trabajo, consistente en un estudio de caso llevado a cabo en Carolina del Sur, un estado con escasos requisitos en cuanto a quién puede interpretar en los tribunales y en el que existen dos tipos de intérpretes judiciales: certificados y cualificados. Para su desarrollo se empleó un enfoque fenomenológico, ya que no se pretendía generalizar, sino más bien conocer las experiencias, vivencias y opiniones de un grupo de abogados elegidos intencionalmente. En concreto, se entrevistó a siete abogados hispanohablantes para conocer sus impresiones sobre los intérpretes judiciales de español en el mencionado estado. Las entrevistas semiestructuradas fueron transcritas verbatim para facilitar el posterior análisis de las respuestas. También se analizaron y compararon los requisitos aplicados para interpretar en los tribunales en Carolina del Sur con los de estados con requisitos más estrictos, más específicamente, Florida y California. Las conclusiones más importantes han sido que la situación de la interpretación en Carolina del Sur ha mejorado en los últimos años, aunque los requisitos establecidos por la Corte Suprema no siempre se cumplen, probablemente debido a la escasez de intérpretes. Además, los abogados en general consideran que los intérpretes judiciales de español son bastante buenos, aunque las opiniones al respecto difieren y la mayoría ha dudado en algún momento de la idoneidad del intérprete designado y considera que hay margen de mejora. Así, a fin de mejorar la situación de la interpretación en Carolina del Sur hemos recomendado, entre otras propuestas, que se exija un título de cuatro años como prerrequisito, y que se requiera la certificación o, como mínimo, que se evalúe la competencia oral de los intérpretes judiciales a través de entrevistas en las que se demuestre el dominio del idioma.

There have been several reports about the dangers of under-qualified court interpreters who may jeopardize the legal rights of the defendant. This issue is addressed in this dissertation, a case study that was carried out in South Carolina, a state with light requirements regarding who is able to interpret in court and where there are two types of court interpreters: qualified and certified. For its development a phenomenological approach was used, as the intent was not to generalize, but rather to gain insight into the experiences and opinions of an intentionally chosen group of lawyers. Specifically, seven Spanish-speaking lawyers were interviewed in order to know their impressions about Spanish court interpreters in the aforementioned state. The semi-structured interviews were later transcribed verbatim to facilitate subsequent analysis of the responses. Additionally, the requirements to interpret in South Carolina were analyzed and compared to those in states with more stringent requirements, specifically, Florida and California. The most important findings have been that the interpreting situation in South Carolina has improved in the last years, although the requirements set by the Supreme Court are not always met, probably due to the shortage of interpreters. The lawyers generally consider Spanish court interpreters to be quite good, although their opinions differ and most have at some point doubted the adequacy of the appointed interpreter, and consider that there is room for improvement. Thus, in order to improve the interpreting situation in South Carolina we have recommended, among other suggestions, that a four-year degree be required as a prerequisite, and that certification be mandatory, or, at a minimum, that court interpreters’ oral proficiency be assessed through language proficiency interviews.